La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió el miércoles la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tras nueve horas de deliberaciones.

La decisión se conoció horas después de que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país porque, según indicaron, el Estado guatemalteco no garantizaba su seguridad.

En su fallo, la Corte señaló que tras conocer cinco amparos contra la decisión de Morales ordenó “dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral” el acuerdo para el establecimiento de la CICIG.

En un comunicado de prensa el gobierno dijo que aún no ha sido notificado del fallo pero que una vez recibida la notificación será analizada y evaluada y “se dará a conocer la postura oficial del gobierno”.

Morales ha desobedecido fallos judiciales que previamente ampararon a funcionarios de la CICIG como cuando su gobierno intentó retirarles las visas o prohibió al titular de la comisión Iván Velásquez entrar al país aduciendo que la constitución le otorga el manejo de la política exterior.

En su fallo la Corte reconoció que sobre el presidente recae el manejo de la política exterior guatemalteca pero que la constitución creó a ese tribunal para que protegiera los principios de supremacía y rigidez de la carta magna “y como tal, al poder público dentro del límite de las facultades que la ley suprema le atribuye”.

Añadió que el mandato de la CICIG se encuentra vigente pues fue el mismo Morales en 2016 quien firmó su extensión hasta septiembre de 2019.

Morales canceló el mandato de la comisión el lunes, medida que le valió duras críticas en su país y en la comunidad internacional que consideraron que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.

La calificadora de riesgo para inversiones Moody’s dijo en un comunicado de prensa que “la expulsión de la CICIG es negativa porque en Guatemala se debilitan los esfuerzos para mejorar el estado de derecho en un país con niveles muy altos de corrupción”, y que la CICIG ha tenido éxito en romper las redes criminales.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la Corte.

“Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales”, señaló.

Para el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, una de las consecuencias del fallo provisional es que la corte autoriza a los abogados de la Comisión a volver al país. “Lo que debe hacer el gobierno de Guatemala es facilitarles el ingreso, no entrometerse en sus funciones”.

La CICIG es un organismo de Naciones Unidas que funciona bajo un acuerdo bilateral y que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del Estado guatemalteco.

La comisión opera desde hace más de una década en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.

El fallo de la Corte fue por cuatro votos a favor y uno en contra, el de su presidenta Dina Ochoa, designada por Morales.

Minutos después de emitido el fallo aparecieron al menos cuatro carteles en varios puntos de la ciudad en los que se veían los rostros de los cuatro magistrados con la leyenda “Traidores a la Patria”. Poco después se conoció que la Corte Suprema de Justicia analizará el miércoles una solicitud de retiro de inmunidad de los cuatro magistrados constitucionales.

El martes los gobiernos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza, el Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y los Países Bajos expresaron su preocupación en un comunicado.

“Es importante que el gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la separación de poderes”.

El día que Morales anunció el fin de la comisión, lo acompañaron funcionarios públicos y familias de algunos procesados, juzgados y condenados por corrupción y que acusaron a la CICIG de cometer ilegalidades en sus casos.