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La Procuraduría General de la República (PGR) manifestó su respeto a la resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyo Primer Tribunal Unitario en materia Penal en esta ciudad, decretó la “inmediata y absoluta” libertad de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embrago, en un escueto comunicado en el que ni siquiera nombra a Gordillo Morales y sólo se refiera a ella como a “una exdirigente sindical”, aclaró que no comparte la decisión.

Y defendió su proceder en el caso al afirmar que ha actuado, en todo momento, “con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”.

Añadió que “siempre” actúa conforme a derecho e interviene cuando se presenta un hecho que la Ley señala como delito y existe la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión.

La noche del martes, y luego de cinco años de litigio, la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo, fue absuelta y puesta en libertad por un magistrado federal.

La madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de la otrora poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que el Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal que hasta

Gordillo, de 73 años, informó en un comunicado leído por su abogado frente a varios medios que había recibido la notificación del decreto de su “absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”.

Con información de Proceso.