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Familiares de desparecidos “pudieron estar presentes en estas diligencias gracias a una impugnación.

La Procuraduría General de la República ingresó a la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizar inspecciones de vehículos, armamento y radios de comunicación, como parte de la investigación que lleva a cabo por la desaparición de 36 personas entre febrero y mayo del presente año.

Un grupo especializado de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de PGR, efectuó diversas diligencias y análisis periciales.

Los trabajos se realizaron con el apoyo de personal de la Coordinación de Servicios Periciales.

“Hay que señalar que durante estos, se tuvo acceso a la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, en Nuevo Laredo, ejecutando inspecciones de vehículos, armamento y radios de comunicación”, detalló la dependencia federal.

En las diligencias, se permitió la participación de víctimas indirectas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peritos independientes, nombrados por dicha institución.

La PGR reconoció la total apertura que ha tenido la Secretaría de Marina, abriendo sus puertas para trasparentar su actuar durante las investigaciones.

La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada ha practicado alrededor de 150 diligencias en cada uno de los expedientes que se iniciaron por la desaparición de 36 personas.

MILENIO publicó que funcionarios federales han revelado que la PGR cuenta con indicios en el sentido de que Juan Gerardo Treviño Sánchez, El Huevo, líder de Los Zetas o cártel del Noreste, está detrás de las desapariciones, que se presume cometieron células delictivas que utilizan indumentaria similar al personal naval y que se dedican a “tareas de limpieza”, es decir, a desaparecer personas.

Los casos se documentaron entre febrero y mayo del presente año, después de que diversas personas denunciaron la desaparición de familiares, “a manos de comandos” que probablemente utilizaban uniformes y vehículos de la Secretaría de Marina.

Durante esta indagatoria una persona fue localizada con vida y nueve más muertas.

También se han solicitado videos de vigilancia a C-3, C-4, C-5; se han realizado inspecciones de los lugares donde acaeció la privación; y se buscaron posibles indicios relacionados con los hechos.

De igual manera, se pidió un informe a la Secretaría de Marina para que proporcione nombres del personal adscrito en Nuevo Laredo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del presente año, así como su ubicación actual. También se solicitó número y ubicación de las bases provisionales desplegadas; la relación de armamento y vehículos utilizados con su ubicación actual; el álbum fotográfico del personal; relación de equipos de comunicación utilizados; bitácoras de servicio del personal citado; registro de operativos realizados; registro de detenciones de personas; todo lo anterior en el período de referencia.

De igual manera, se requirió la geolocalización de las antenas de teléfonos que portaban las víctimas directas; se solicitó a la Procuraduría General de Tamaulipas el registro de localización de fosas ubicadas de enero a la fecha en Nuevo Laredo, Anáhuac, Vallecito Ciénega y Sabinas Nuevo León.

Ante la presencia de familiares de víctimas, personal de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Desaparición Forzada inspeccionaron una bodega habilitada como Base de Operaciones de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó el Comité de Derechos Humanos de ese municipio.

El organismo local precisó que se iniciaron una serie de diligencias para esclarecer el paradero de 35 personas desaparecidas entre enero y mayo.

Detalló que la Fiscalía Especializada ingresó ayer a una bodega habilitada como Base de Operaciones ubicada en Arteaga y Leona Victoria, en la colonia Victoria.

En la diligencia estuvieron elementos del Ejército, Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

Apuntó que los familiares de desaparecidos “pudieron estar presentes en estas diligencias gracias a una impugnación ante un juez de control en Reynosa, Tamaulipas, llevada a cabo por abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante la negativa de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Desaparición Forzada para permitirles ingresar a estas bases de operaciones, argumentando ‘medidas de seguridad’ del personal de Marina”.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo que estas diligencias llegan cuando menos cuatro meses tarde, “pues el personal de la PGR en Tamaulipas en ningún momento quiso ejercer sus funciones de investigación para inspecciones en las bases de la Marina cuando así lo exigían familiares de las víctimas al momento de presentar sus denuncias”.

Funcionarios federales han revelado que la PGR cuenta con indicios en el sentido de que Juan Gerardo Treviño Sánchez, El Huevo, líder de Los Zetas o cártel del Noreste, está detrás de las desapariciones, que se presume cometieron células delictivas que utilizan indumentaria similar al personal naval y que se dedican a “tareas de limpieza”, es decir, a desaparecer personas.

Las desapariciones se documentaron entre enero y mayo del presente año, después de que diversas personas denunciaron la desaparición de familiares, “a manos de comandos” que probablemente utilizaban uniformes y vehículos de la Secretaría de Marina.

Con información de MILENIO.